Andrés Guschmer es objetivo de la Contraloría General del Estado
Andrés Guschmer, ministro del deporte de Ecuador, podría enfrentar una investigación por parte de la Contraloría General del Estado. Una verificación preliminar realizada por el contralor Mauricio Torres Maldonado encontró razones suficientes para iniciar un examen especial que determine si Guschmer cumple con los requisitos para ocupar el cargo de ministro.
El examen pretende esclarecer si Guschmer sigue siendo accionista de Teleamazonas Guayaquil S.A. y Cratel S.A., empresas que tienen contratos con el Estado, lo cual podría inhabilitarlo según el artículo 152 de la Constitución ecuatoriana, que prohíbe a los ministros ser propietarios o miembros del directorio de compañías con contratos estatales.
Guschmer ha sido cuestionado por su participación accionaria en Cratel S.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., empresas que tienen contratos con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para la concesión de frecuencias.
El actual ministro del deporte defendió su posición diciendo que sus acciones forman parte de un paquete accionario de empleados y que no compró estos paquetes de manera independiente. Añadió que será la Contraloría la que determine si esto constituye un impedimento legal, aclarando que la ley distingue entre propietarios y accionistas.
Un caso similar ocurrió con Sebastián Corral Bustamante, quien fue inhabilitado como secretario general de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso por ser accionista de empresas con contratos estatales. Corral fue multado con $9,200 y suspendido de sus derechos de participación. La Contraloría, entonces liderada por Mauricio Torres, declaró ilegal su nombramiento.
Además del caso de Guschmer, la Contraloría está auditando los patrimonios de varios jueces, exministros y otros funcionarios, así como realizando exámenes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en un esfuerzo por asegurar la transparencia y legalidad en la administración pública.
